El cooperativismo en Colombia viene siendo reglamentando desde la Ley 134/31. Hasta la fecha se han sancionado 15 Leyes, 28 Decretos y 2 documentos CONPES de modernización y desarrollo del sector cooperativo. A esto, se suma la Ley 454/98 y 4 decretos que incluyen, además de las cooperativas, a la economía solidaria en su conjunto.
La investigación realizada en 2018 por Giovanni Hernández y Olaya, “El marco legislativo y su efecto sobre el crecimiento del sector cooperativo en Colombia (1933-2014)”, publicada por la Revista Revesco – U. Complutense de Madrid, analiza el marco legislativo colombiano y evalúa el impacto sobre el crecimiento del sector cooperativo desde el año 1933 hasta el 2014, fechas en las cuales se aprobaron las principales modificaciones normativas del sector. El interés del estudio se centró en medir a través del análisis de intervención (técnica econométrica), si los cambios legislativos tuvieron un impacto positivo sobre la economía cooperativa colombiana, y de cuánto fue ese impacto.
Al valorar el efecto de tres de las principales leyes promulgadas el siglo pasado sobre el crecimiento del sector cooperativo (Ley 128/36, Ley 79/88 y Ley 454/98), los autores encuentran que cada una de estas leyes tuvo un efecto negativo sobre el crecimiento promedio de las organizaciones cooperativas (-0,9%, -3,6% y -0,1% respectivamente).
Al realizar la misma evaluación sobre el Decreto 1598/63 y la Ley 24/81, los impactos fueron positivos para el crecimiento de las cooperativas (en promedio 9% y 5,1% respectivamente). Sin embargo, estadísticamente no son significativos los resultados obtenidos y, en consecuencia, se puede concluir que desde hace casi cuatro décadas la reglamentación ha frenado, limitado, o restringido el crecimiento de las cooperativas en Colombia.
Los datos obtenidos se complementan con las conclusiones de estudios similares. Por ejemplo, Carlos Uribe, citado por el estudio “Cooperativismo y Complejidad” de E. Caro. U. del Rosario/ 2013, menciona sobre el marco normativo del Estado que “si la acción no ha sido más eficaz se debe en buena parte a la desproporción entre los objetivos de desarrollo cooperativo señalados en las leyes y en las declaraciones oficiales, por una parte, y por otra, los recursos suministrados efectivamente por el Estado para el logro de tales objetivos”.
Argumentos similares ha formulado la Procuraduría General de la Nación, en el estudio del IEMP en 2011 sobre Políticas Públicas y Cooperativismo en Colombia. De hecho, la legislación se ha centrado en vigilancia, por encima del fomento del sector. “De las 50 Leyes y Decretos cooperativos, el 6% se asocian con la formalización del sector, el 31% con lineamientos para el crecimiento y el 63% para actividades de monitoreo, vigilancia y control” (Hernández y Olaya, 2018).
Los autores concluyen con estos resultados que la dispersión y falta de coherencia de la regulación del sector y el énfasis de la supervisión y la vigilancia, por encima del fomento y el fortalecimiento de cooperativismo, han generado que el marco legislativo colombiano no tenga un impacto efectivo sobre el crecimiento de las cooperativas y la economía solidaria, e incluso la legislación se vuelva una traba para el desarrollo del sector.
Es bajo este panorama que se vuelve indispensable la aprobación de una política pública que permita tener un marco integral que brinde seguridad jurídica, estímulos para la creación de organizaciones cooperativas y promoción de los beneficios de la economía solidaria y cooperativa al conjunto de la sociedad colombiana.
Esa propuesta de política pública está contenida en el Pacto por la Economía Solidaria y Cooperativa que Confecoop presentó al Gobierno Nacional para ser incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. ¡El balón queda en el terreno del Gobierno!
