Una vez conformado el nuevo Congreso de la República y establecido el nuevo Gobierno, la economía y la sociedad colombiana dejan atrás el tradicional periodo de incertidumbre, propio de los años en los cuales se llevan a cabo comicios electorales.
Las cooperativas, como empresas que participan en el mercado de bienes y servicios, han experimentado las consecuencias generadas por la baja dinámica económica referida, lo cual se ve reflejado en el crecimiento de sus principales cifras durante 2018 que, aunque positivo, resulta moderado respecto a los dos últimos años.
Ahora, con un nuevo escenario político, económico y social, desde la Confederación de Cooperativas de Colombia – Confecoop, vemos que el sector se proyecta como uno de los actores llamados a ser protagonista en diversos campos y es por ello que hemos presentado una propuesta de Política Pública al nuevo Gobierno, la cual pretende consolidar a las cooperativas como gestoras del desarrollo humano y social con equidad.
Factores como la paulatina superación del conflicto armado, la reactivación de la demanda global que impulsa sectores relevantes de nuestra economía como la minería, la producción agropecuaria, el turismo, la denominada economía naranja, los servicios asociados a tecnología, entre otros, resultan motivantes para las empresas cooperativas. De otro lado, situaciones como la informalidad, el desempleo, la inclusión o la desigualdad, invitan a una reflexión sobre la manera de gestionar las empresas en favor de un desarrollo económico y social integral y sostenible.
Las cooperativas por su modelo de gestión han contribuido de manera efectiva a aportar en las dos visiones mencionadas, de una parte, ofrecen bienes y servicios en condiciones favorables de acceso y, de otra, reducen las desigualdades en la medida que propenden por mejores condiciones de calidad de vida de sus asociados y comunidades por su carácter de entidades sin ánimo de lucro.
En palabras del presidente Iván Duque Márquez, el “sector cooperativo es un aliado para el desarrollo del país”, resaltando su aporte en áreas como la inclusión financiera, la vivienda, la salud o las industrias creativas y es por ello que la propuesta de política pública hecha por Confecoop pretende tres grandes objetivos:
1. Contar con un marco legal y una institucionalidad pública que brinde seguridad jurídica y adecuados controles al desarrollo de la actividad socio empresarial cooperativa, acorde a su especial naturaleza.
2. Contar con adecuados estímulos a la actividad socio empresarial cooperativa desde las diferentes agencias gubernamentales, que permitan consolidad el portafolio de productos y servicios ofrecidos por estas organizaciones.
3. Contar con un adecuado nivel de conocimiento sobre el modelo socio empresarial cooperativo, de manera que los colombianos comprendan esta forma de hacer empresa, cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de las personas.
Para lograr estos objetivos, la Confederación ha fijado ocho estrategias por medio de las cuales se resalta a las cooperativas como empresas de bienestar, basadas en la ayuda mutua, con una visión socio empresarial acorde a la dinámica económica actual y orientadas a la prestación de bienes y servicios que el Estado o el mercado no suplen oportuna o adecuadamente.
Las estrategias propuestas abarcan los campos de: política pública, cultura, oportunidades, bienestar, bienes y servicios, inclusión, seguridad jurídica e institucionalidad y con ellas.
La visión de Confecoop para el diseño de estas propuestas se ha dado en virtud de un cooperativismo colombiano caracterizado por un predominio en la prestación de servicios, especialmente de carácter financiero, dejando espacio para el crecimiento en nuevos sectores claves de la economía como la producción agro industrial, las nuevas tecnologías, la industria, el turismo, la prestación de servicios sociales.
Del mismo modo, tenemos un cooperativismo concentrado en las zonas urbanas, lo cual deja espacio muy importante, esperanzador y oportuno para su incursión fuerte en el entorno rural, en el cual han predominado los emprendimientos individuales o de asociaciones que no tienen vocación empresarial, todo ello en medio de una débil política pública nacional que no está reconociendo, valorando y promoviendo a la empresa cooperativa como opción eficiente y sostenible de desarrollo, lo cual da lugar a repensar el marco normativo vigente, a evaluar una institucionalidad nueva y fortalecida y lo más importante, una política de Estado que ponga en nuevo nivel al cooperativismo colombiano.
Un llamado obligatorio ante estos desafíos para las actuales cooperativa es seguir trabajando bajo un modelo cooperativo auténtico, que basa su accionar y su gestión en los principios doctrinarios, estas serán las credenciales y la demostración de la capacidad para dar salida a los problemas económicos y sociales que enfrentamos como nación que soportarán la propuesta de Política Pública al nuevo Gobierno.
Finalmente queremos resaltar la necesidad de visibilizar el impacto social del sector cooperativo, no sólo mostrando los muy buenos resultados obtenidos cada periodo a través de los balances financieros, sino mostrando el balance social, haciendo de este último el principal instrumento de medición de la gestión y el insumo de las comunicaciones hacia la opinión pública. Las cooperativas son empresas de personas, no de capital, por ende, sus resultados se miden más en términos de bienestar y de satisfacción de necesidades más que en generación de resultados financieros.
